Por Sergio Octavio Contreras

En los últimos 15 años las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC) han penetrado en todos los campos de la actividad humana (economía, educación, seguridad, política, arte, derecho, etc.). La columna vertebral de este cambio ha sido internet, pero también otras innovaciones: teléfono móvil, conexión por banda ancha, red satelital y videojuegos.

A nivel global, el derecho social de acceder a la información también se ha transformado, su detonación y crecimiento se debe en gran medida al desarrollo de la tecnología utilizada para transparentar actos públicos.

Internet ha sido la tecnología con mayor crecimiento y aceptación en toda la historia de las comunicaciones. En la actualidad existen más de mil millones de cibernautas que se conectan todos los días a la red.

En México de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática (INEGI), una quinta parte de la población, es decir, 20.8 millones de personas, utilizan cotidianamente los servicios de internet. Para el 2008 el número de internautas crece a una tasa anual del 19.7% según datos del Instituto.

La expansión de internet a través de una red de individuos conectados mediante computadoras (sociedad en red) también ha propiciado la transformación del derecho a saber: mientras en el año 2001 había en el país poco más de seis millones de cibernautas, simultáneamente especialistas, académicos e interesados en el tema cimentaban las bases de las leyes de acceso a la información.

Tecnología y transparencia

Cuando en el país se diseñaron las primeras normas de transparencia entre los años 2000 y 2001, uno de los puntos medulares fue responder la pregunta ¿cómo puede acceder el ciudadano a lo público?

Con el “boom” de la sociedad de la información, el derecho a saber comenzó a integrarse a internet y a las nuevas tecnologías de la comunicación. Aparecieron dos formas de acceso:

1. Como mecanismo para publicar indicadores sobre la función del gobierno y las entidades que reciben recursos púbicos: información de oficio. Tal principio se originó a nivel internacional como una medida para combatir la cultura de la corrupción.
2. Como mecanismo para que los ciudadanos puedan acceder a información de su interés mediante una petición. En México este sistema se basó en el Artículo Sexto de la Constitución.

Sin embargo el proceso de integración tecnológica de las normas no fue homogéneo: algunas leyes como la Federal, desde su primera versión incluyó a la tecnología como un mecanismo para que los ciudadanos pudieran pedir información mediante internet, en tanto en la mayoría de las normas estatales no incluyeron el uso de estas tecnologías, incluso en algunos casos ni siquiera la información de oficio.

El nacimiento de estas normas fue paralelo a la innovación que han registrado las TIC en la última década, pero divergente en cuanto a su concepción, entre otros motivos por la desigualdad de la conexión social.

La pérdida del poder

La tecnología como herramienta de rendición de cuentas y transparencia es una arma de dos filos: por un lado legitima el quehacer institucional al cumplir con un derecho protegido mediante acuerdos universales, constitucional y local, y por otro lado significa también, una pérdida de soberanía.

Si bien es cierto que internet se ha desarrollado como una libertad de información y de comunicación por encima de las formas tradicionales de poder, también es cierto que el Estado ha generado intentos por socavar la autonomía del cibernauta (Ver T&C, no. 4), aunque la pérdida del anonimato y la libertad no se originó en el gobierno, sino en la iniciativa privada ante el advenimiento de la tecnología como un nuevo poder.

Con la reforma a la Constitución mexicana del 20 de julio de 2007, la integración del derecho a la información en la plataforma de las nuevas tecnologías se convirtió en un deber para el Estado. Este cambio, no fue político, ni jurídico, sino tecnológico: la posibilidad de crear una red social de derecho a la información, independiente de los controles estatales tradicionales.

Para abril de 2009, 14 entidades en el país han implementado sistemas electrónicos de acceso a la información: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. En julio arrancarán las plataformas de Chiapas y Zacatecas. En el gobierno federal a través del sistema llamado Infomex, las 240 instituciones obligadas han recibido desde el año 2003 hasta la fecha, más de 390 mil 600 solicitudes vía internet.

La penetración del uso social de las nuevas tecnologías en materia de transparencia representa un desprendimiento del poder tradicional y al mismo tiempo convierte a internet en una palanca para ejercer el derecho a saber y desmoronar el Estado reservista y opaco que ha imperado durante la historia contemporánea de México.