-Aquiles: La querella también se extiende a funcionarios y servidores públicos

-“Sí en está administración no pasada nada, vendrá la otra para proceder”

Zacatecas Zac,-Los hermanos Ricardo, David y Cándido Monreal Ávila, interpusieron una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por la comisión en su perjuicio, de los delitos de difamación y calumnia, además de denunciar hechos constitutivos de delito que pudieran haber cometido en su perjuicio, algún servidor o servidores públicos del Gobierno del Estado, cometiendo abuso de autoridad.

El ex procurador Aquiles González Navarro, representante legal de los ofendidos acudió a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a interponer la querella penal, luego de que algunas personas encubiertas por seudónimos, plumas pagadas tal vez por algunos servidores públicos, se han dedicado desde hace tiempo a proferir injurias en su contra y de sus familias, a difamarlos y a calumniarlos, afectando su honor y causándoles un daño moral en su entorno social al exponerlos al escarnio público.

Algunos pasquines, según se señala en la misma demanda, como “Zacatecas, la Verdad de los Hechos”, cuyo director es Manolo Reyes, la jefa de información Claudia Rivera Medellín y reporteros Francisco Javier Gómez Lugo y María de Jesús Ávila, así como colaboradores como Manuel Navarro González, Juan Méndez Landín y otros con seudónimos de albur que reflejan el bajo nivel del medio de comunicación.

REPROBABLE ACTITUD

El abogado representante reprobó este tipo de actos, toda vez que en los pasquines oficiosamente o más bien, contratados para ello, a partir de alguna dependencia de Gobierno del Estado, han dedicado sus páginas desde hace tiempo, en denostar, difamar, calumniar e inclusive hasta injuriar, no sólo a los que suscriben la demanda, sino también a sus familiares, llegando la maledicencia, al extremo de agraviar a su progenitor ya fallecido.

Como ejemplo de la afectación, se señala en la demanda que en el pasquín “Zacatecas, la Verdad de los Hechos” de fecha seis de mayo de dos mil nueve, titula en primera plana: “Con dinero del erario público crece el emporio Monreal” en tanto que en recuadro en la parte inferior de la portada dice: “La PGR investiga a Ricardo Monreal Ávila por lavado de dinero”, situación que nunca ha sido señalada por la autoridad competente.

Asimismo, especificó el abogado, que otro medio de comunicación: “el Periódico, las cosas por su nombre” en edición Zacatecas semanario gratuito y de fechado en la entidad del 1 al 7 de junio del 2009, año 0, número 02, cuyo Director es RAMÓN ALFONSO SALLARD y responsable en Zacatecas EDGAR HIRÁM SALLARD, Director Administrativo ARMANDO GARRIDO JUÁREZ y Directora de Publicidad LUZ MARÍA LINARES, también se han dedicado a la calumnia, a la difamación y a la injuria en perjuicio de los que suscribimos y de nuestras familias.

En la edición citada que es de circulación gratuita, las características del ejemplar, permite deducir que se trata de publicación pagada, tal vez desde alguna oficina de Gobierno del Estado y autorizada por algún funcionario del mismo.

Aquí, en este semanario, cabecea en primera plana “El Cártel Monreal” y agrega: “El Ex Gobernador mueve sus piezas para regresar al poder, pero su expediente en el CISEN y los escándalos de sus hermanos amenazan sus planes”.

Cabe señalar que destaca publicidad del hotel Mesón de Jobito, que es propiedad del Gobierno del Estado de Zacatecas y por lo tanto, si el ejemplar es de distribución gratuita, la obviedad es que deberá investigarse el pago de dicha información que hará evidente el origen de la difamación y de la calumnia.

González Navarro precisó que dentro de la denuncia uno de los puntos trascendentales es el abuso de autoridad, pues analizando el contexto del periódico “Zacatecas la verdad de los Hechos” del seis de mayo, así como el del trece de mayo de éste año la denostación en contra de la familia Monreal, comparada con el reconocimiento y a diversos funcionarios de Gobierno del Estado, motivan como una línea de investigación que es necesario escudriñar, precisamente la de autoridades del actual gobierno local.

Más notorio la evidencia, -dijo- tratándose del “Periódico las cosas por su nombre” edición Zacatecas. Se trata de un periódico o revista número 02, que expresa ser en esa edición un semanario gratuito y presume una distribución de 100 mil ejemplares en la región y un millón 100 mil ejemplares nacionales.

Infirió el ex procurador que para un tiraje de esta naturaleza requiere, sobre todo si son ejemplares de obsequio, un gran número de patrocinadores que publiciten a sus empresas o negocios.

En el caso solamente aparecen dos promocionales: uno de Mesón de Jobito y otro de Hotel Parador Zacatecas, ambos propiedad del Gobierno del Estado y administrados obviamente por dependencias de éste.

LOS ARGUMENTOS

Refirió González Navarro, que el tipo penal previsto en la hipótesis de la Fracción II del artículo 194 del Código Penal, señala que “Comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público, agente del gobierno o sus comisionados, sea cual fuere su categoría:

La Fracción II.- Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia en las personas sin causa legítima o las vejare injustamente o las injuriare;” es evidente que al intervenir autoridades del Gobierno del Estado motivando la idea criminosa, deliberando y preparando la comisión del ilícito mediante la paga a la pluma maledicente y al medio informativo que difunde la difamación, la calumnia o la injuria, tal conducta es típica del delito de abuso de autoridad.

Ante estos hechos constitutivos de delito, los hermanos Monreal Ávila piden que se les tenga como presentados y denunciantes en contra de quien resulte responsable por la comisión de los delitos de difamación u calumnia, así como la interposición de la denuncia por abuso de autoridad.

Asimismo, manifestaron su negativa invariable para un acuerdo conciliatorio o sujetarse a un proceso restaurativo con los autores del delito, en términos que dispone el artículo 96 del Código Procesal Penal que rige para el Distrito Judicial de la Capital.

Además de que en el momento procesal oportuno, se pida al juzgador, condene a quienes resulten responsables de los delitos señalados, al pago de la reparación del daño correspondiente.

Así las cosas, el experimentado abogado destacó que probablemente esta denuncia no surta ningún efecto durante este sexenio, pero espera que una vez que llegue la nueva administración el expediente sea desempolvado y atendido para que se haga justicia y los responsables sean castigados conforme a la ley.